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Plan de Acción 2013-2015

Construcción del Plan de Acción 2013 - 2015

Metodología para la construcción del Plan de Acción 2013 – 2015 (PA15)

Desde abril de 2013 se han iniciado los trabajos para la elaboración del Plan de Acción 2013-2015, para ello se ha diseñado un plan de trabajo y metodología para la construcción de compromisos estratégicos y de alto impacto.

El STT acordó que el PA15 estará conformado por un número limitado de compromisos estratégicos, con una orientación a generar resultados e impactos de alto valor público y que tengan el potencial de transformar las condiciones y calidad de vida de las personas.

 Los compromisos que contenga el PA15 provendrán de dos fuentes. La mitad de ellos, será generada en nueve mesas de trabajo temáticas, en las cuales se convocará a funcionarios públicos, expertos y actores clave para determinar compromisos en áreas temáticas prioritarias. La otra mitad estará conformada por iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno electrónico de alto impacto ciudadano propuestas por la Administración Pública Federal, que se presentarán a las organizaciones de la sociedad civil con el fin de que alguna organización se sume a la misma para generar un compromiso final.

A finales de agosto, y durante septiembre y principios de octubre se llevarán a cabo 9 mesas de trabajo, dirigidas por una organización responsable y 2 organizaciones corresponsables. El objetivo de las sesiones será la construcción de hasta 2 compromisos con viabilidad económica, técnica y financiera para su incorporación al Plan de Acción 2013-2015.


Nueve mesas de trabajo temáticas

Las mesas de trabajo serán moderadas por expertos en facilitación de diálogos. La dinámica de las mesas estará guiada por técnicas que permitirán enfocar la discusión, fomentar la generación de ideas y participación equitativa de los asistentes y lograr la definición de compromisos.

Para el desarrollo exitoso de las mesas se prevé:

 1.       Elaboración de un diagnóstico de cada una de las temáticas vinculado con el tema de gobierno abierto elaborado por un especialista reconocido en la materia. Este será el documento base de trabajo para asistentes y funcionarios públicos, se enviará a los participantes 2 semanas previas a la realización de la mesa de trabajo.

 2.       Se solicitará a los invitados, organizaciones civiles, expertos y participantes en general entregar por escrito a través de una encuesta en línea sus comentarios al diagnóstico hasta 72 horas previas a la realización de la mesa. Estos insumos serán fundamentales para el buen desarrollo de las mesas de trabajo.​

 3.       ​Reunión informativa entre organizaciones responsables y corresponsables y funcionarios públicos que asistirán a las mesas de trabajo.

 4.       Sistematización de los insumos enviados a través de la encuesta electrónica por los participantes para presentarlos como puntos base para la discusión.

 5.       Elaboración de una metodología para facilitar las mesas de trabajo.

Las fechas de las mesas de trabajo temáticas y las organizaciones responsables y corresponsables se incluyen a continuación:

 

Grupo temático

OSC responsable

OSC corresponsable

OSC corresponsable

Fecha

Compras públicas

Transparencia Mexicana

CIDAC

Instituto Mexicano para la Competitividad

29 de agosto

Agenda Digital

Social TIC

Artículo 19

Fundar

3 de septiembre

Competencia y fomento económico

Instituto Mexicano para la Competitividad

CIDAC

Transparencia Mexicana

5 de septiembre

Política Social (MMP Coneval)

Gestión Social y Cooperación A.C.

Artículo 19

Transparencia Mexicana

10 de septiembre

Medio ambiente y cambio climático

Cultura Ecológica

Instituto Mexicano para la Competitividad

Transparencia Mexicana

12 de septiembre

Infraestructura

CIDAC

Gestión Social y Cooperación A.C.

Artículo 19

17 de septiembre

Transparencia presupuestaria y fiscal

Instituto Mexicano para la Competitividad

Fundar

Gestión Social y Cooperación A.C.

19 de septiembre

Justicia y seguridad

Artículo 19

Instituto Mexicano para la Competitividad

CIDAC

8 de octubre

Energía e industrias extractivas

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Transparencia Mexicana

Gestión Social y Cooperación A.C.

10 de octubre

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 Mesa de Trabajo: Compras Públicas y Gobierno Abierto

Problema público

Las compras públicas se refieren a las adquisiciones, ventas, concesiones, arrendamientos y servicios que realiza el gobierno. Las compras y contrataciones públicas constituyen un factor clave para que las dependencias o entidades estatales puedan cumplir con sus objetivos.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula las compras públicas y establece los lineamientos básicos que deben ser atendidos en todos los órdenes de gobierno. A nivel federal, la ley reglamentaria del artículo 134 es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La normatividad de los entes que no están sujetos a esta ley también cumplen con los lineamientos básicos que establecen la Constitución.

Dado el alto nivel de inversiones que se hacen a través de las compras públicas es necesario actuar con reglas y procedimientos claros que permitan que el recurso utilizado se ejerza de manera eficaz y eficiente. Asimismo, es necesario que se promueva la máxima transparencia en todos los procedimientos a fin de que se prevengan posibles actos de corrupción,  y que se investigue y sancione en caso de haberlos.

Las compras públicas hechas con transparencia permiten que las decisiones del sector público tengan un respaldo legítimo y legal; que el sector privado pueda participar de dichos procedimientos en un marco de competencia real; y, que la sociedad en su conjunto tenga la seguridad de que las compras públicas con las que el gobierno atiende sus necesidades se hicieron en las mejores condiciones de mercado posibles.

Objetivo

Fomentar y promover la colaboración entre gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de las compras públicas para la creación, desarrollo y mejora de mecanismos preventivos que contribuyan a reducir el riesgo de que actos de corrupción o cohecho se presenten y de que los procedimientos sean llevados a cabo con la máxima transparencia y accesibilidad a la información.

Diagnóstico (Documentos base para la discusión)

Rendición de Cuentas y Compras de Gobierno

Distorsiones Compras Públicas en los Estados y Brechas


Participantes de la Mesa de Trabajo Temática

En esta reunión de trabajo, celebrada en las instalaciones del IFAI, participaron: Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana; Ana Lilia Moreno, Investigadora Senior  del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.; José Roldan Xopa, profesor/investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C; Max Kaiser, Director de EGAP Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey; Jana Palacios Prieto, Directora de Proyectos de Competencia y Buen Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Por la SFP, Javier Dávila Pérez, Titular de la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas; Alejandro Luna Ramos, Titular de Normatividad de Contrataciones Públicas; Ricardo Cancino, Director de Innovación y Posicionamiento de las Políticas de Mejora de la Gestión Pública;  Juan Edmundo Granados Nieto, Subdelegado y Comisario Público Suplente.

Compromisos

1) Incluir en la actual plataforma de CompraNet información adicional, como el resultado de la investigación de mercado, los datos relevantes del contrato (definidos conjuntamente con la academia y sociedad civil) y todas sus modificaciones, el documento de aceptación del bien, servicio u obra a satisfacción, el registro de pago y, en su caso, penas convencionales o deductivas por incumplimiento de contrato.

2) Aplicar un mecanismo de consulta a los diferentes actores del proceso de contratación y pago, a través de una encuesta anual, que permita calificar y “rankear” a las dependencias y entidades compradoras, y que los resultados sean públicos. 


Comunicado de Prensa

Compras Públicas y Gobierno Abierto.docCompras Públicas y Gobierno Abierto.doc



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Mesa de Trabajo: Agenda Digital y Gobierno Abierto

Problema Público
 
Agenda Digital se refiere a las acciones que el gobierno debe realizar para establecer las políticas públicas, mecanismos y programas de estímulo cívico en el uso de información y datos abiertos así como la promoción de las garantías de los derechos individuales en el ámbito digital.
 
A medida que la Ciudadanía está conectada a Internet, aumentan las oportunidades de participación cívica, co-gobierno y ejercicio de los derechos en la red. Considerando este momento de adopción tecnológica como un nuevo fenómeno nuevo, consideramos fundamental que se establezcan políticas públicas, mecanismos de participación cívica y mecanismos del ejercicio de las libertades y derechos de la ciudadanía en relación al acceso a la información pública, la apertura de datos, la propiedad intelectual, la libertad de expresión y la privacidad.

Objetivo
 
La mesa de trabajo temática busca fomentar la apertura de la información pública en formatos abiertos a través de la consolidación de regulación de interoperabilidad de datos, mecanismos de fomento al uso cívico, comercial y tecnológico de los mismos así como procesos de verificación y exigibilidad de cumplimiento de entrega de información a la ciudadanía bajo criterios basados en formatos abiertos.

Participantes de la Mesa de Trabajo Temática

A este mesa asistieron por parte de expertos y representantes de sociedad civil: Juan Manuel Casanueva, Director de Social-TIC; Antonio Martínez, Oficial de Comunicación de Artículo 19; Federico Ramírez, Coordinador de Innovación Tecnológica para la Incidencia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Miguel Ángel León,  Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Alejandro Pisanty, miembro del Board de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN; León Felipe Sánchez, Director de Creative Commons México; Marcus Dantus, Director de Wayra; Mauricio Ángulo, Director Regional de Tecnología Flock y Pedro Galván, Director de Software Gurú.

De la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia participaron: Ania Calderón Mariscal, Directora General de Innovación Gubernamental; Guillermo Ruíz de Teresa, Director General de Participación Ciudadana; Silvia Alanís Gutiérrez, Directora General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Jorge Soto, Director General Adjunto de Innovación Cívica y Rodolfo Wilhelmy Preciado, Director de Participación Ciudadana.

Participaron también Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública; Alfonso Oñate, Secretario de Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; Arminda Rocío González, Asesora del Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía; Luis Ríos Corona, Director General Adjunto Información en Salud y Almendra Castro, Directora de Coordinación, Normatividad y Difusión de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud.

Compromisos

Uno de los principales acuerdos consistirá en crear e implementar una  política nacional para la publicación y uso de datos abiertos que sea clara, proporcione certeza jurídica, que utilice estándares abiertos e interoperables, orientada por el principio de máxima publicidad para octubre 2015,  que considere:

1) Lineamientos para la publicación de datos abiertos con la participación de expertos con apego a las mejores prácticas internacionales;

2) Medios de acceso público a  los datos abiertos;

3) Mecanismos de retroalimentación, participación  y denuncia de la comunidad de usuarios;

4) Iniciativas de fomento al uso de datos en la sociedad y gobierno y; 

5) Garantías a la privacidad de quien aporta, usa y reúsa los datos.

También se acordó establecer un consejo consultivo multidisciplinario, de participación plural, que verifique el cumplimiento, proponga mejoras y  participe en la implementación y evaluación de la política nacional de datos abiertos.

Comunicado de Prensa

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Mesa de Trabajo: Competencia, Fomento Económico y Gobierno Abierto

Problema Público
 
Mucho se ha dicho sobre la necesidad de tener un México con más competencia, sin embargo, pocas veces los ciudadanos ven acciones concretas en esta materia.  Un país con competencia económica debe  ofrecer a todo ciudadano, consumidor, inversionista, autoridad, etc.  un marco regulatorio con reglas claras y que propicie la certeza jurídica en materia económica y teniendo siempre como fin último maximizar el bienestar social.

La competencia y fomento económico son las bases indispensables para un crecimiento económico con estabilidad. Hay que recordar que tanto la federación como en las entidades federativas y los municipios tienen distintos tipos de facultades para regular diversos aspectos que inciden en la competencia económica y el fomento económico. Y con independencia de la materia particular que se necesite modificar, preservar, impulsaro reformar, lo cierto es que tanto la competencia económica como el fomento económico no pueden ser exitosos sino se realizan en un marco de transparencia gubernamental y de participación activa de todos los actores involucrados.

Un Gobierno Abierto debe garantizar que las potestades que le han sido otorgadas en materia de competencia y fomento económico puedan ser supervisadas por la comunidad, sujetas a mejora permanente y escrutinio público. Es por ello que los compromisos puntuales que se generen con la administración pública para promover al máximo la rivalidad entre empresas, debe buscar que los agentes económicos se esfuercen por mejorar el aprovechamiento  de recursos para producir bienes y servicios, y perfeccionar e innovar la calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que reditúe en mejoras de competitividad y así, obtener mayores beneficios  para los consumidores a través de garantías mínimas como acceso a la información pública, disposición de datos abundantes de calidad y veraces que garanticen tomas de decisiones informadas, su análisis, así como aprovechamiento de tecnologías de información.

Objetivo
 
  • Mejorar las condiciones de competencia y libre concurrencia
  • Desarrollae estrategias eficaces y eficientes que promuevan el desarrollo de los diferentes sectores involucrados
  • Impulsar el desarrollo de tima de decisiones que beneficien en su conjunto a empresas y consumidores
  • Mejorar la calidas del marco normativo que regula las condiciones de competencia
  • Aprovechar el desarrollo tecnológico para vincular a todos los actores involucrados y la rendición de cuentas


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Participantes de la Mesa de Trabajo Temática

A este mesa asistieron por parte de expertos, académicos y representantes de la sociedad civil, el Director General de Inteligencia Pública, Marco Cancino; el Director de Investigación en México Evalúa, Marco Fernández; la Coordinadora de Proyectos en Transparencia Mexicana, Alejandra Rascón; del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Roldán Xopa; del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C, Ana Lilia Moreno y del Instituto Mexicano para la Competitividad, María José Montiel.

En tanto, de la Secretaría de Economía, el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, David López Victoriano; el Director General de Planeación y Evaluación, Fernando López Portillo Tostado; y la Directora de Evaluación, Miryam Noemí Ochoa Sánchez. Asimismo participaron el Director General Adjunto de Estudios Jurídicos de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, Fernando García Sais; y el Director de Gestión de Proyectos de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Arellano Camacho.

 

Compromisos

Entre los principales acuerdos destaca la creación de un sistema de información de las resoluciones administrativas de órganos reguladores, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Economía (SE), la Comisión Federal de Competencia (COFECO), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal de Protección sobre Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Además, se integrará en una plataforma virtual la información sobre las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, el proceso (creación, modificación y cancelación) para crear nuevas normas (incluyendo a los integrantes de los comités consultivos nacionales y otros participantes); los procedimientos para cumplirlas y los responsables de su aplicación y vigilancia. El diseño de esta plataforma deberá ser participativo e incluyente.

 Comunicado de Prensa

 
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Mesa de Trabajo: Política Social y Gobierno Abierto

 Problema Público:
 

Por mucho tiempo, en México no contábamos siquiera con la información básica que nos permitiera conocer y valorar aunque fuera sólo de manera aproximada la magnitud del problema de la pobreza, así como de las variables que la generan. La primera estimación de la pobreza a nivel nacional se realizó entre 2001 y 2002 en un esfuerzo desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Social,[1] y se basó exclusivamente en criterios de ingreso para definir líneas de pobreza.

En 2004 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). En este documento, se trazan ya las primeras líneas para realizar una nueva medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, utilizando siete dimensiones adicionales al ingreso y vinculadas a los derechos sociales básicos consagrados en la CPEM: rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.[2]

La primera medición de la pobreza con base en esta nueva metodología multidimensional se realizó en 2008 y se ha actualizado cada dos años tras la aplicación de la ENIGH. Es así que CONEVAL dará a conocer las estimaciones de pobreza 2012 para el país y todas las entidades de la República el 29 de julio de 2013.[3] En consecuencia, hace ya un lustro que contamos con evidencia precisa que identifica y cuantifica la incidencia de carencias o vulnerabilidades sociales que causan la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.

Sin embargo, la política social no ha sufrido cambios sustantivos que reorienten y focalicen sus esfuerzos programáticos y presupuestales a erradicar de forma coherente, articulada y sistemática las carencias/vulnerabilidades que explican los altos índices de pobreza en México (seguridad social, salud y alimentación en orden de mayor incidencia).  Por el contrario, programas, servicios y presupuestos han mostrado una tendencia inercial con limitaciones de diseño, focalización, dispersión programática y presupuestal, como lo demuestran los resultados de las últimas cuatro ediciones del INDEP de GESOC. Asimismo, los resultados más recientes de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) de Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han mostrado que existe una gran dispersión de programas sociales en el país y que muchos de ellos no cuentan con atributos básicos de institucionalidad, es decir, marcos normativos claros y accesibles,  mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de control y fiscalización y mecanismos de participación ciudadana.

La centralidad de la política social ha sido el “programa presupuestario” o el “servicio” y no las carencias/vulnerabilidades de la población. Su diseño no parte de identificar quiénes, cuáles y cuántas carencias/vulnerabilidades padece y, en función de ello, cuáles son los esfuerzos programáticos y presupuestarios que se requieren para cada hogar/familia/persona. Por el contrario, se decide primero el programa (objetivos, población objetivo, reglas de operación, etc.) y después se identifica quiénes estarían bajo ese supuesto. El resultado: inercias en la estructura programática, en la asignación presupuestaria a los programas y servicios sociales, y una clara fragmentación y dispersión de la política social del gobierno federal que limita su capacidad para resolver los problemas públicos de mayor impacto para la ciudadanía.



[1] CONEVAL, Medición de pobreza en México, disponible en: http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza-2010.aspx.

[2] Cámara de Diputados, Ley General de Desarrollo Social, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm.

[3] CONEVAL, ¿Cómo se mide la pobreza en México?, disponible en: www.coneval.gob.mx.


Objetivo:

Contribuir al diseño de una política social integral, institucionalizada, coherente, articulada, basada en evidencia y focalizada a resolver las principales carencias/vulnerabilidades sociales que generan la pobreza, y que coloque al ciudadano en el centro de los programas y servicios sociales como sujeto de derechos a partir del desarrollo de herramientas diagnósticas, de seguimiento y evaluación de la política social basadas en los principios de gobierno abierto (open data, transparencia, visualizaciones gráficas, rankings, evaluaciones ciudadanas de calidad en los servicios, etc.).

Diagnóstico Política Social.pdfPolítica Social.pdf
 
Participantes de la mesa:

Por parte de Sociedad Civil, Academía y expertos participaron

Alejandro González, Director General de Gestión Social y Cooperación

Briseida Lavielle, Investigadora del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Claudia Maldonado, Directora General de Centros Regionales para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR)

Rodolfo de la Torre, Director de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, México,

Carlos Alberto Galindo, Director General de TSOOL Desarrollo Interamericano

Gabriela Pérez Yarahuán, Profesora-Investigadora de la Universidad Iberoamericana

Ricardo Luévano, Oficial Adjunto del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19

Paola Palacios, Coordinadora de Proyectos de Transparencia Mexicana.

Ernesto Velasco, Director General de Civicus, Consultores en Gestión Pública y Social.

 

Por parte del Gobierno Federal participaron:

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Roberto Moreno Herrera, Director General Adjunto de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario

Lorena Rivero del Paso, Directora de Análisis de Información del Desempeño.

Asimismo participaron de la Secretaría de Desarrollo Social:

Sergio López Menéndez, asesor de la Coordinación de Asesores

Oscar Ernie Orozco, Director General Adjunto de Legalidad y Transparencia de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia

Iván Rodolfo Cortés Reveles, Subdirector de Vinculación y Seguimiento de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia

Alejandro Fierro Huerta, Director de Normatividad y Tecnología de la Dirección General de Geo estadística y Padrones de Beneficiarios.

Enrique González Tiburcio, Coordinador de Asesores de la Secretaria

Participaron también:

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Gonzalo Hernández Licona, el Secretario Ejecutivo del Consejo; Thania de la Garza, Directora General Adjunta.

De la Secretaría de la Salud asistió José Antonio Torres Vargas  Coordinador de Asesores y Verónica Pinal, Directora de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Promoción Social en la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Por parte de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia, Alberto Herrasti,  Director de Consultoria de Proyectos de Gobierno Digital.

 Compromisos

  Contar con un padrón único de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal que integran a la “Cruzada Nacional contra el Hambre” (en los casos que se pueda identificar beneficiarios), abierto y actualizado, que permita conocer con precisión cuál es y en dónde se encuentra la población atendida por parte del Gobierno Federal, y establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de los criterios de integración de los padrones de gobiernos estatales y municipales, para octubre de 2015.

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Mesa de Trabajo: Medio Ambiente, Cambio Climático y Gobierno Abierto

 Problema Público:
 
A través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEEPA, México cuenta desde 1996 con definiciones pioneras sobre el acceso a la información ambiental, complementada en sus alcances con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, LFTAIPG desde el 2003. Incluyendo a otras que inciden en los recursos naturales, el acceso a la información y la participación social, son la  Ley General de Cambio Climático, Ley General Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, entre las principales.

 

Estos avances se han traducido en que a la fecha existe en el país un gran cúmulo de información ambiental. Sin embargo, ésta no siempre está integrada, actualizada y sobre todo, mucha no está siendo diseminada de manera proactiva, en los formatos y tiempos adecuados a las diferentes poblaciones; no llega a los públicos interesados con la oportunidad y características para que pueda ser comprendida, utilizada por la sociedad, por lo tanto no se cumple el fin último de utilidad social de la información, con ello no sólo se limitan las oportunidades de participar en los mecanismos establecidos, sino que se desaprovecha la opción de que la información ambiental detone la participación activa de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los cada vez más graves problemas ambientales.

Objetivo:
  • Buscar la promoción proactiva del efectivo cumplimiento de las disposiciones en materia de información ambiental de las principales legislaciones asociadas en temas estratégicos, Cambio Climático, EIA, Ordenamiento, Forestal y Vida Silvestre. El  acceso pleno a la información es elemento transversal en esta agenda y está en la base de todos los temas y como derecho puente que permite el ejercicio de otros derechos.

Diagnóstico Medio Ambiente y Cambio Climático.docxMedio Ambiente y Cambio Climático.docx

 

Participantes de la Mesa de Trabajo Temática:

Asistieron a la mesa por parte de expertos y representantes de la sociedad civil organizada: Jesús Alarcón, Investigador del Área de Cambio Climático del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Jorge Bustillos Roqueñí, Consultor independiente; Gloria Olimpia Castillo Blanco, Directora de Comunicación y Educación Ambiental SC; Mariana González, Investigadora de Fundar; Edgar González, Gerente del Programa de Desarrollo Sustentable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


Así como, Manuel Llano, Consultor independiente; Vania Montalvo, Coordinadora de Programa de Integridad en el Financiamiento Climático de Transparencia Mexicana, A.C; Gabriela Niño, Coordinadora de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Leticia Pineda, Analista del Área de Políticas Públicas y del Área de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Diana Ponce Nava, Consultora Independiente; Mario Silva, Colectivo Jalisco. Tomás Severino, Director de Cultura Ecológica, organización que coordinó esta mesa. 


En tanto, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Raúl de Jesús Contreras Ceja, Director de Instrumentos Normativos; Mónica Echegoyen López, Directora de Políticas Ambientales Globales; Salvador Hernández Silva, Director de Desarrollo Técnico; Hugo González Manrique, Subdirector de Vinculación de Políticas para Cambio Climático; María Ana González Pozos, Directora de Acceso a la Información; Alfa María Ramos Herrera, Directora de Normas de Participación Social; César Rodríguez Ortega, Director de Análisis e Indicadores Ambientales, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Elías Pérez Díaz, Director de Programas Sectoriales Apoyo Operativo y Organizacional.


Compromisos:

 

Fortalecer al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, integrando información estadística y geográfica desagregada e indicadores relevantes en materia ambiental, social y económica, así como mecanismos de acceso a la misma en formatos abiertos, que permita comprender la situación ambiental del país y su relación con la sociedad y economía.

 

Concentrar y poner a disposición, de manera permanente, actualizada, accesible, adecuada y oportuna, la información relativa a las evaluaciones de impacto ambiental, consulta pública, reunión pública de información y sus resultados. De manera que, la población pueda participar de manera oportuna e informada antes, durante y después del proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto incluye la creación de herramientas (adecuadas culturalmente) que difundan esta información y promuevan el ejercicio del derecho a la participación en la toma de decisiones.


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Mesa de Trabajo: Infraestructura y Gobierno Abierto

Problema público:

Entre el 15 y 25% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es destinado a proyectos de infraestructura en México. De hecho, actualmente se ocupan 240 millones de pesos diarios aproximadamente en materia de proyectos de infraestructura y la meta –señalada por el Presidente Enrique Peña Nieto- es elevar el monto total a 280 millones al final del año[1].

En principio, los proyectos de infraestructura están orientados a generar condiciones básicas para el desarrollo del interambio social y económico en el país[2]. De hecho, la necesidad de promover su crecimiento es notable al encontrar que el 53% de los parques industriales, por ejemplo, carecen de accesos a terminales de ductos secundarios de gas natural, y el 67% de servicios de agua potable, condiciones básicas para la operación industrial. Sin embargo, múltiples han sido las fallas en el proceso de licitación, adjudicación y otorgamiento de los proyectos de infraestructura en México: la racionalidad es más política que técnica, existen serias deficiencias en los diagnósticos que justifiquen la necesidad de un determinado proyecto (no solamente en los planos ambiental, económico y técnico[3] sino también social), una falta de transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de constructoras y proveedores, amén de la falta de debate y escrutinio público en los que las decisiones de infraestructura son tomadas. Cabe añadir la falta de monitoreo y evaluación del desarrollo de las obras por parte de las autoridades lo que da como resultado un amplio catálogo de irregularidades en la ejecución de los proyectos que tienen como resultado el incumplimiento de los cronogramas de ejecución, el incremento de los costos de obra y presunción de actos de corrupción[4]. Bajo este contexto, el monto de $415 mil millones de dólares contemplado en formato de contratos de infraestructura del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) no es menor (cabe apuntar la estimación de que un 60% de los proyectos se adjudicarán bajo un modelo de asociaciones público-privada (APPs)), y sus consecuencias dado una ineficiente operación tampoco lo son. Puesto que la prioridad ha sido establecidad en la expansión de la conectividad nacional –carreteras, obras ferroviarias y marítimas-, éstos proyectos, sus procesos de selección y desarrollo, serán fundamentales de monitoreo y evaluación.

De acuerdo con la normativa vigente, la Cámara de Diputados es la encargada de autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (a propuesta de la SHCP) los montos específicos para proyectos de infraestructura a ejecutarse en el periodo fiscal, así como aprobar presupuesto para aquellos proyectos cuya ejecución se realiza en más de un ejercicio fiscal. Adicionalmente, la Cámara de Diputados es la instancia encargada de realizar el proceso de auditoría (vía la Auditoría Superior de la Federación) de los proyectos de infraestructura aprobados. De lo anterior se desprende la necesidad de que tanto la SHCP como la Cámara Baja cuenten con mecanismos precisos, claros, públicos, abiertos y compartidos que brinden una mayor racionalidad, eficacia, eficiencia e integridad a las etapas pre-decisional, decisional y pos-decisional de los proyectos de infraestructura.



[1] Cabe esperar las especificaciones del Plan Nacional de Infraestructura por presentarse en siguientes fechas.

[2] Los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión de la SHCP distinguen 5 tipos de proyectos de infraestructura:

1.- Proyectos de infraestructura económica

2.- Proyectos de infraestructura social

3.- Proyectos de infraestructura gubernamental

4.- Proyectos de inmuebles

5.- Otros proyectos de inversión

Disponibles en: <http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/costo_beneficio.pdf>

[3] Los lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo contemplan estas tres dimensiones en términos de análisis que justifiquen determinado proyecto de inversión en infraestructura, disponibles en: <http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/registro.pdf>

[4] La Auditoría Superior de la Federación presentó en Marzo de 2012 en su informe “Problemática General en Materia de Obra Pública”, las características principales del desarrollo de ejecución de proyectos de infraestructura en el país, destacando la falta de consideraciones en los efectos sociales de los proyectos de infraestructura, opacidad en el manejo de los recursos así como atrasos en la culminación de las obras establecidas, además de la elevación de costos para el erario público superiores a los planteados inicialmente. Disponible en: <http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/Separata_ObraPublica.pdf>


Objetivo: 

Mejorar la transparencia, racionalidad, eficacia, eficiencia e integridad de las etapas pre-decisional, decisional y pos-decisional de los proyectos de infraestructura, proyectos clave para el impulso de la competitividad del país.


Diagnóstico Gobierno Abierto e Infraestructura CIDAC  SergioOlivar 2013 (final).pdfGobierno Abierto e Infraestructura CIDAC SergioOlivar 2013 (final).pdf

Participantes de la mesa:

En esta mesa participaron: del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), Verónica Baz, Directora General; Rafael Ch, Director del Proyecto y Ana Lilia Moreno, investigadora; del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Roldán Xopa, Investigador; de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, Oficial de Programa de Acceso a la Información.

 

Además, Manuel Barquín Álvarez, investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;  Marissa Orozco, asistente legal de Noriega y Escobedo Abogados; Raúl Carrasco, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC); Sergio Olivar, Profesor de la Universidad Panamericana y Socio de NyE Abogados; José E. Silos Basurto, Director de INVEX Infraestructura; así como Rodrigo Diez Gargari, Asociado Senior Woodhouse Lorente Ludlow.


Además, Manuel Barquín Álvarez, investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;  Marissa Orozco, asistente legal de Noriega y Escobedo Abogados; Raúl Carrasco, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC); Sergio Olivar, Profesor de la Universidad Panamericana y Socio de NyE Abogados; José E. Silos Basurto, Director de INVEX Infraestructura; así como Rodrigo Diez Gargari, Asociado Senior Woodhouse Lorente Ludlow.


Por parte del Gobierno de la República asistieron de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Ignacio Edmundo Funes Maderey, Titular de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones; Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal; América Elizabeth Trejo de la Luz, Titular de la Dirección General Adjunta Jurídica de Transparencia; José Alberto Reyes, Asesor del Oficial Mayor y Titular de Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información. 


También de SCT, José Victorino Agüeros, Director de Contratación en la Dirección General de Carreteras; Hugo Antonio Mejía Pichardo, Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera; Jenny Ochoa, Directora de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información; José Luna Ríos, Subdirector de Contratos y Costos en la Dirección General de Carreteras; Pablo Negrete, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal; Francisco Javier Huerta López, Dirección de Innovación Tecnológica; Carlos Patiño, Comisión de Acceso Digital; Octavio Cruz Solorza, Director de Atención y Seguimiento de Programas; y  David Alva Robles, Director General de Desarrollo Carretero.


De Caminos y Puentes Federales, Ciro Marbán Malpica, Subdirector de Programación y Administración de Contratos; Rafael Aguirre Álvarez Subdirector de Información y Evaluación de Obra; de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Abraham Antonio Polo, Director General Adjunto de Normatividad de Obras Públicas; Miriam Patricia Toriz, Directora de Diseño y Evaluación de la Política de Contratación Pública y José Alfredo Montero, Titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) Felipe Alamilla, Coordinador Ejecutivo de la Dirección Jurídica.


Compromisos:

El primer compromiso en el que se logró consenso permitirá establecer protocolos de comunicación, en atención a la demanda ciudadana para que el gobierno federal mantenga informada a la sociedad sobre las afectaciones por la puesta en marcha de algún proyecto de infraestructura; este canal de diálogo estará abierto tanto para  quienes resulten involucrados, como para la sociedad en general.

 

Asimismo, se acordó implementar una plataforma electrónica interactiva que sea fuente de información para la difusión, evaluación y seguimiento de dichos proyectos en el que, a través de indicadores y alertas, se muestren los avances de las obras.

 

Dicha plataforma deberá incluir un catálogo por cada dependencia o entidad, vinculado a aplicaciones geo referenciadas (donde sea aplicable) que establezca la información que debe difundirse en cada etapa del proceso (incluyendo la información sobre el avance físico y financiero), desde la planeación hasta la operación de la obra


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Mesa de Trabajo: Transparencia Presupuestaria y Fiscal y Gobierno Abierto

Problema público:

Durante la última década se ha posicionado en la agenda del gobierno mexicano el tema de transparencia y acceso a información pública. Esta situación está ligada a una obligación constitucional de informar a la sociedad civil el quehacer gubernamental, pero que en el fondo se trata de un cambio cultural que aspira no a mecanismos legales o confrontas procesales que obliguen al gobierno a rendir cuentas, sino al día a día del ciudadano y de un gobierno abierto.

 

Para que funcione un gobierno y todas sus políticas públicas, es indispensable que se paguen impuestos. Que haya dinero. Sin embargo, la sociedad civil no tiene del todo claro que esos recursos son el sustento de gran parte del desarrollo y funcionamiento del país que permiten ejecutar acciones, proyectos, programas e inversiones que directa o indirectamente se reflejan en beneficio de la sociedad. Es decir, no sabe qué es lo que se hace con los recursos públicos.

 

Para lograr lo anterior, se requiere aprovechar el desarrollo de las tecnologías de la información y de la relación sociedad civil-gobierno que cada vez ha participado más en temas de agenda pública, para generar condiciones de confianza en la ciudadanía sustentadas en el manejo transparente de las finanzas públicas que incluyen cómo se generan y cómo se gastan.


Objetivo:

               Proponer compromisos sólidos de fondo y forma con un gobierno abierto que permita transparencia presupuestaria y fiscal.

               Participar en el diseño de un esquema de responsabilidad compartida entre sujetos públicos y privados con perspectiva de rendición de cuentas.

               Aprovechar mecanismos tecnológicos y relación sociedad civil-gobierno para que el gobierno rinda cuentas de la manera en que recibe dinero, cómo y en qué lo distribuye y gasta.

               Elaborar propuestas de mejora de los niveles de cumplimiento de las obligaciones del contribuyente.


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Participantes de la mesa:

Asistieron a la mesa por parte de expertos y representantes de sociedad civil: Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública; Guillermo Cejudo, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Ricardo Corona, coordinador de Finanzas Públicas y Manuel Guadarrama, investigador, ambos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Además, Diego de la Mora, coordinador de Presupuestos y Políticas públicas del Centro de Análisis e Investigación Fundar;  Marco Antonio Fernández, director de Investigación del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa; Alejandro González, director general de Gestión Social y Cooperación (Gesoc) y Vania Montalvo, Coordinadora de Programa de Integridad en el Financiamiento Climático de Transparencia Mexicana, A.C.

Por parte del Gobierno de la República asistieron de la SHCP, Ángel Cabrera, director de Transparencia y Acceso a la Información; Alfonso Chávez Fierro, director general adjunto de la Unidad de Contabilidad Gubernamental; Francisco Cortina Fossas, director general adjunto jurídico de Coordinación Fiscal; José Luis Estrada Barranco; director de la Unidad de Política y Control Presupuestario; Carlos Alberto González Navarro, director General Adjunto de la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; Felipe de Jesús Martínez, director general Adjunto de Estadística de la Hacienda Pública; José Ángel Mejía Martínez del Campo, jefe de la Unidad de Evaluación del Desempeño; Roberto Moreno Herrera, director General adjunto de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario y Lorena Rivero del Paso, directora de Análisis de Información del Desempeño.

También asistieron Juan Pablo Guerrero Amparán, secretario general del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), así como César Iván Contreras López, director general de Estudios Jurídicos e Interpretación Normativa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). 

Compromisos:

Impulsar la construcción de dos plataformas públicas, abiertas e interactivas, que permitan, por una parte, que los ciudadanos conozcan y den seguimiento a la asignación, destino y resultados del gasto federalizado; y por la otra, esté disponible la información relacionada con obra pública financiada con recursos federales: justificaciones técnicas, económicas y sociales y el avance físico-financiero, la entidad federativa o localidad.

Lo anterior, al realizarse la mesa de trabajo sobre Transparencia Presupuestaria y Fiscal, en la que los representantes de los tres ámbitos, analizaron y debatieron sobre las estrategias para fortalecer el sistema de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, en materia presupuestaria y fiscal a nivel federal.

En este sentido, se propuso que la información esté disponible en datos abiertos y se cuente con mecanismos accesibles de consulta, como la georeferenciación interactiva a nivel localidad, por lo que será necesario actualizar el sistema por el que los gobiernos locales reportan el ejercicio del gasto a la Federación.

Otro de los compromisos asumidos consistió en desarrollar una plataforma interactiva de información útil para el sector tributario, así como la creación de un ABC del contribuyente, que contenga información fiscal utilizable para cumplir con los derechos y obligaciones en la materia.

Además, el grupo de trabajo destacó la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos información sobre recaudación fiscal a través de una plataforma con formato de datos abiertos, clasificada por tipo de impuesto, contribuyente, decil de ingreso -en donde sea posible-, sectores y por cargas fiscales; así como lo relacionado con los gastos fiscales, hasta donde la ley lo permita.

Asimismo, acordaron conformar un grupo de trabajo sectorial con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y las propias organizaciones participantes en la mesa; ello en el marco de la elaboración del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), para explorar la viabilidad técnica y normativa de este compromiso, a fin de establecer un portal de transparencia fiscal.

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Mesa de Trabajo: Justicia, Seguridad y Gobierno Abierto

 Problema Público:

En los últimos años una de las demandas más sentidas por parte de la sociedad civil ha sido la falta de transparencia y de políticas que garanticen efectivamente el derecho de acceso a la información pública en materia de seguridad, tanto pública como nacional, como en lo tocante al tema de justicia: acceso, procedimientos, resultados y datos estadísticos que permitan evaluar el sistema de procuración de justicia nacional y un ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información pública; consagrado en el artículo 6 de la Constitución, y el derecho de acceso a la justicia (de la mano del debido proceso), establecido también en los artículos 14 y 16 constitucionales. 

En este sentido, la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) ha decidido consolidar como una de sus líneas de acción el tema de seguridad y justicia, que tendrá como objetivo generar propuestas acerca de líneas de acción específicas que, tomando en consideración los estándares internacionales, el apoyo de nuevas tecnologías y la retroalimentación de todos los actores involucrados,  generen políticas públicas en la materia tendientes a una expansión en la garantía del derecho de acceso a la información y un mejor ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Objetivos:
 

               Proponer compromisos puntuales respecto de los procedimientos, regulaciones y políticas públicas aplicadas por la Procuraduría General de la República y otros órganos dependientes del ejecutivo involucrado en los procedimientos judiciales.

               Generar agendas compartidas entre los órganos del ejecutivo, la sociedad civil, las defensorías de derechos humanos y los órganos judiciales en materia de transparencia y acceso a la información en seguridad y justicia.

               Aprovechar mecanismos tecnológicos y relación sociedad civil-gobierno para generar nuevas canales de información relativos a seguridad y justicia.

               Elaborar propuestas de evaluación para los órganos del ejecutivo responsables en materia de seguridad y justicia.

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Participantes de la mesa:

A la mesa de Justicia y Seguridad asistieron por parte de expertos y representantes de sociedad civil: Ricardo Luévano, Oficial Adjunto del Programa de Acceso a la Información y Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Oficial Adjunto del Programa Legal de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica; Luis Ernesto Cervera y Julia E. Monárrez, investigadores del Colegio de la Frontera Norte; Silvano Cantú, consultor independiente en Derechos Humanos; Raúl Ramírez Baena, Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Baja California (CCDHBC); Alejandro Hope, Director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Consuelo Morales Elizondo, Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Jaqueline Sáenz Andujo, Coordinadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; y Paulina Sánchez, Junior Researcher del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC).

De la Procuraduría General de la República (PGR) asistieron: Sofía López López, Directora de Estadística; y Juan Félix Morales Dorantes, Director de Área.

Asimismo, asistieron Carlos Vera, Director de Trámite y Seguimiento; Mario Miguel Ortega, Director General de Asuntos Jurídicos, Manuel Palacios Monroy, Director de Recursos Humanos.

De la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Isabel González Chávez, Directora y Laura Borbolla Moreno, Fiscal Especial.

De la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), asistieron Raúl Ayala Cabrera, Coordinador de Asesores y Paola Ariadna Piña, Asesora; Noemí Olaya Festinher Arias, Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Derechos Humanos; Ricardo Márquez Blas, Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Gonzalo Suárez Prado, Director General Adjunto de Prevención y Participación Ciudadana.

Compromisos:
 

Crear y homologar el sistema de registro de búsqueda y localización (por medios electrónicos, telefónicos o presenciales) de personas detenidas y aseguradas, es uno de los compromisos establecidos por organizaciones de la sociedad civil, autoridades y especialistas en temas de justicia y seguridad, mismos que integrarán el Plan de Acción 2013-2015, de México, en materia de gobierno abierto.

Luego de concluir la mesa de trabajo sobre Justicia y Seguridad, se acordó también que la población tendrá acceso a todos los datos estadísticos de detenciones y/o aseguramientos en el país, así como las circunstancias y causas de la detención, en tiempo real.

Al respecto, trabajarán en coordinación las policías y las procuradurías estatales, las secretarías de Marina-Armada de México (Semar), Gobernación (Segob) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), conforme a la normatividad para octubre de 2015.

Por otro lado, se acordó reorganizar y hacer funcional la base de datos de personas desaparecidas, con base en el reglamento de la Ley de Registro de Personas Desaparecidas, cuya elaboración contará con la participación activa de la sociedad civil. La base incluirá datos estadísticos sobre: número de casos, lugar de la desaparición, información sociodemográfica, lugar de origen, estado del caso actualizado, etcétera; y sólo previo consentimiento, las fotografías de las víctimas.

La base deberá señalar también las diferentes fuentes y autoridades que registran dicha información, de conformidad con la normatividad, para octubre de 2015.

 
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Industrias Extractivas y Gobierno Abierto

 

Problema público:

Aproximadamente el 33% de los ingresos del sector público provienen de la explotación de los hidrocarburos que realiza Petróleos Mexicanos. Para ello, esta paraestatal recibe el 13% de los recursos del presupuesto federal, de los cuales el 50% se destina a contrataciones de servicios con empresas privadas. Por otro lado, la actividad minera tiene cada vez una presencia mayor en México: en la última década el PIB minero creció en un 575%. Sin embargo, su contribución a las finanzas públicas es de apenas el 0.15% de los ingresos totales, debido a que las empresas mineras sólo pagan un derecho en función de las hectáreas concesionadas y no en función del valor de su producción. Ello cuando los recursos minerales, al igual que los hidrocarburos, pertenecen en dominio a la Nación. Por otro lado, tanto la industria petrolera como la industria minera suponen fuertes afectaciones sociales, económicas y ambientales en las zonas donde se lleva a cabo.

 

Un vacío recurrente tanto en el sector hidrocarburos como en el sector minero es la falta de transparencia y las dificultades para acceder a la información sobre determinados aspectos de los mismos. Esta opacidad es mayor en el sector minero, debido a los obstáculos legales derivados del hecho de que la explotación de los minerales la realizan empresas privadas -mientras que la de los hidrocarburos la realiza una entidad pública-. Sin embargo, el sector hidrocarburos también cuenta con importantes espacios de opacidad que es necesario atajar. Dado que los recursos petroleros y minerales pertenecen al dominio público y que su explotación lleva aparejada importantes afectaciones socioambientales, es necesario que el Estado mexicano ponga todos los mecanismos a su alcance para impulsar la rendición de cuentas y participación ciudadana en su gestión. Para ello, un paso fundamental es el acceso a la información clave de estos sectores.


Objetivos:

               General: Mejorar la transparencia y el acceso a la información sobre la política pública nacional en materia petrolera y minera.

               Específicos:

o               Mejorar la publicación de información sobre la contribución de la actividad minera y petrolera al sector público presupuestario.

o               Incluir mayores mecanismos de transparencia en las contrataciones de servicios que realiza Pemex, así como en las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía a empresas mineras.

Mejorar el acceso a información clave, de manera clara, útil y oportuna, sobre la política pública dirigida a la protección social y ambiental ante proyectos extractivos, así como de aquella cuyo objetivo es compensar a la población afectada por dichos proyectos.


 

Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, expertos, academia:

De Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C Aroa de la Fuente, Investigadora y Francisco Cravioto, Investigador

Beatriz Olvera,  Coordinadora de Campañas, Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Claudia Campero de  Food & Water Watch

Dolores Rojas,  Coordinadora de Programa de  Heinrich Böll

Ben Cokelet,  Director de PODER

Úrsula Garzón, Investigadora del  Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Eduardo Bohórquez,   Director de Transparencia Mexicana

José Manuel Arias Rodríguez, Coordinador General de la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.

Manuel Llano Vázquez Prada colaborador  de Conservación Humana, A.C.

Héctor Villarreal, Director del  Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

Miriam Grunstein, Investigadora del  Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C.

Sandra Patargo, Investigadora de Transparencia Mexicana.



Por el Gobierno Federal:

 

De la Secretaría de Energía:

Alejandro Amerena Carswell, Director General de Asuntos Internacionales

Pedro Meneses Larios, Director de Administración e Información de Exploración y Producción

Javier Flores Director de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

 

De la Secretaría de Economía:

 Luis Rey Jiménez, Director de General de Regulación Minera y Angélica Valdez del Fideicomiso de Fomento Minero.

 

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT):

 Alma Escamilla Cano Directora de Suelos y Residuos y Marines Hurtado Cárdenas, Directora de Minería.

Del Servicio Geológico Mexicano, Bernardino Delgado, Gerente de Documentación y Análisis; y Patricia Mora, Subgerente de Análisis de Información Espacial, Gonzalo Mendoza

De la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Carla Gabriela González, Secretaria Ejecutiva y Joshua Gamboa, Director de Apoyo Jurídico Institucional.

 Asimismo participaron de la Secretaría de la Función Pública, Alejandro Bonilla, Director General Adjunto de Contrataciones Electrónicas.


Compromisos

·       Avanzar en la incorporación de los principios de Gobierno Abierto en el tema de hidrocarburos, por lo que para octubre de 2015:

1.     Generar un listado sobre todos los estudios e investigaciones contratadas por PEMEX a terceros y publicarlo en su página web.

2.     Difundir de manera focalizada  la información sobre los mecanismos de captación de quejas y atención ciudadana a partir de los resultados de un diagnóstico sobre los mecanismos de difusión actuales, que se realizará con la participación de la sociedad civil.

3.     Establecer mecanismos internos para garantizar la actualización de la información de la industria petrolera en los Portales de Obligaciones de Transparencia.

4.     Establecer un grupo de trabajo (SHCP, alta dirección de PEMEX, SENER, CNH, CRE y sociedad civil),  para la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de información socialmente útil y la construcción de un catálogo que se publicará con apego a la normatividad vigente.

5.     Establecer un sistema de información pública sobre donativos y donaciones actualizado periódicamente sobre: a) solicitudes; b) relación anual de donativos y donaciones autorizados y entregados por entidad federativa, municipio, objetivo de desarrollo social, obra/programa/proyecto/acción social y tipo de apoyo; c) informes de seguimiento y aplicación de donativos y donaciones; d) verificaciones realizadas de todas las etapas incluidas en los lineamientos para el otorgamiento de donativos y donaciones; e) estudios e investigaciones realizadas con los recursos de donativos y donaciones, de acuerdo con la normatividad aplicable.

6.     Crear un grupo de trabajo (alta dirección de PEMEX, SENER, CNH, SFP y sociedad civil) para mejorar y hacer accesible la información sobre los procesos de licitación, contratación y ejecución que PEMEX realice bajo el régimen general y el régimen específico de contratación pública. En este grupo se realizará un diagnóstico sobre el marco jurídico y los estándares internacionales, así como un catálogo de información socialmente útil. 

 

·       Avanzar en la incorporación de los principios de Gobierno Abierto en el tema de minería, por lo que para octubre de 2015:

1.     Elaborar de manera conjunta con la sociedad civil  un diagnóstico de la existencia, calidad, accesibilidad y vacíos de información (geográfica, estadística, socio-ambiental, fiscal, financiera, administrativa, entre otras*) relacionada con el sector de la industria minera, para enero de 2014.

2.     Con base en el diagnóstico, garantizar el acceso a la información de manera oportuna, adecuada, apegada al concepto de datos abiertos y dentro del marco normativo vigente, de noviembre 2013 a octubre 2015.

3.     Construir de manera conjunta entre gobierno y la sociedad civil propuestas para eliminar obstáculos para la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información para el sector minero, identificados en el diagnóstico, de noviembre 2013 a octubre 2015.



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Después de las mesas, ¿Qué sigue?

Posterior al desarrollo de las mesas de trabajo, se realizará una reunión entre la(s) dependencia(s) responsables del cumplimiento de los compromisos derivados de las mesas de trabajo temáticas y las organizaciones responsables (los participantes que estén interesados en asistir a esta reunión podrán hacerlo). Durante estas reuniones se establecerá la ruta crítica para lograr cumplir con los compromisos en tiempo y forma (metas, responsables, indicadores, mecanismo de seguimiento, y tiempos en los que se dará cumplimiento a los compromisos). 



Plan de Acción Preliminar 2013-2015


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Presentación del PA15

 El Plan de Acción 2013-2015 será presentado a finales de octubre en México y posteriormente en Londres en el marco de la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Descargue el Plan de Trabajo para la Construcción del Plan de Acción 2013-2015​


One pagers

One pager Español ONEesp.pdfONEesp.pdf


One pager Inglés  ONEeng.pdfONEeng.pdf


Comunicados de Prensa






“La información contenida en este portal se distingue por sus fuentes. La correspondiente a la Alianza para el Gobierno Abierto contiene los documentos traducidos del inglés que los miembros del Comité Promotor han consensado con base en el trabajo del Sub Comité de Gobierno de esta Alianza. En segundo lugar, el portal contiene el Plan de Acción de México así como información que documenta el proceso de integración del mismo, revisados y autorizados por el Secretariado Técnico de la AGA en México. La información contenida bajo el rubro de las Organizaciones de la Sociedad Civil, es responsabilidad exclusiva de sus autores.”